lunes, enero 07, 2019

El Verdadero Debate


En la Asamblea Nacional y en las redes sociales se debate con pasión la despenalización del aborto por violación. Es un debate interesante en el que todos defienden causas válidas. Un lado se enfoca en la defensa del ser por nacer, el otro en los derechos y salud de la mujer.

Llegamos con varias décadas de retraso al debate del aborto. En países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Australia y casi toda Europa el aborto es legal hace tiempos. Si hablamos de despenalización del aborto por violación, la lista se expande a más países, incluyendo varios de nuestros vecinos.

Los argumentos de varios asambleístas se centran en la defensa de la vida desde la concepción y en que el violador pague por su crimen. Son argumentos válidos, pero por ahí no va el debate.

Nadie está preguntando a los asambleístas cuándo empieza la vida de un ser humano. Podemos estar todos de acuerdo en que la vida empieza desde la concepción, pero eso no acaba el debate ni resuelve el tema en discusión.

La pregunta aquí no es si estamos a favor o en contra del aborto. Creo que todos preferiríamos un mundo en el que nadie deba tomar la dura decisión de recurrir a un aborto, un mundo de felices embarazos fruto de relaciones consensuales. Pero la realidad es que los abortos ocurren y seguirán ocurriendo por diversos motivos, algunos tan trágicos como el embarazo por violación.

El verdadero debate y la pregunta que deben contestar nuestros asambleístas es muy puntual: ¿debe una adolescente o una mujer violada ir a la cárcel por decidir abortar? ¿Están de acuerdo con que esa mujer pueda recurrir a un aborto legal y seguro o prefieren que lo haga de forma clandestina poniendo en riesgo su vida? Yo dudo que nuestros asambleístas, o cualquier persona, quieran ver en la cárcel o en una situación de riesgo a esa mujer que tomó la difícil decisión de abortar.

Se puede defender la vida desde la concepción y estar en contra del aborto, y al mismo tiempo apoyar su despenalización, justamente para acabar con los abortos clandestinos, transparentar el número de abortos y así poder brindar mejor asistencia y alternativas a quienes consideren practicarlo. Contrario a lo que muchos argumentan, la despenalización del aborto no significa promover el aborto ni obligar o presionar a una mujer a abortar. Significa que la mujer que decide abortar lo podrá hacer de manera segura, legal y sin ir a la cárcel. Quien defiende la vida puede hacerlo mejor en una sociedad donde el aborto es legal.

Lastimosamente este debate, aquí y en otros lados, suele perder su enfoque por posturas extremas. No se reconocen las buenas intenciones de ambos lados. En lugar de un intercambio de ideas, vemos un intercambio de insultos o vergonzosas manifestaciones públicas que banalizan las causas que se defienden. Como suele ocurrir en la política, las posturas extremas dominan el debate y la opinión pública, convirtiendo al bando contrario en un enemigo a destruir.

El verdadero debate en juego es claro. La pregunta a contestar es muy puntual. Eludirla con otras discusiones nada soluciona. Mientras tanto continúan los abortos clandestinos, con todos sus riesgos.


lunes, diciembre 17, 2018

El irresistible encanto del proteccionismo


Hace pocas semanas los taxistas de Quito salieron a protestar contra Uber y Cabify. Pretendían el “bloqueo definitivo” de estas plataformas.

En ese caso, casi todos tenemos claro que estas plataformas internacionales solo traen beneficios. Entendemos que los taxistas en lugar de protestar deben mejorar su servicio, adaptarse a los nuevos tiempos y competir. Que proteger a los taxis no es el camino. Que todos ganamos con la apertura, la libre competencia, la modernidad.

Pero hay otros casos que no son tan claros para muchos. El bicho proteccionista nos mete el cuento de “defender” al trabajador local, a la industria local contra la diabólica influencia extranjera, o peor aún proteger la cultura e identidad local, excusa que siempre asoma a la hora de pedir privilegios para un sector.

Estos días, a propósito de las reformas en la Ley de Comunicación, se discute la permanencia del artículo 98. Ese artículo obliga a las empresas a contratar a productoras locales para hacer su publicidad y “prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras”.

Muchas productoras locales piden que ese artículo se mantenga. El argumento es que la ley las ha ayudado a desarrollarse y profesionalizarse. Que gracias a esa ley, fotógrafos, actores y camarógrafos locales tienen más trabajo. Claro, a costa de mayores costos en publicidad y, sobre todo, a costa de la libertad de las empresas para elegir cómo manejan su comunicación.

“Si se elimina la ley, muchos productores, fotógrafos, actores quedarán sin trabajo” leí por ahí. Es el mismo argumento de los taxistas: defiéndanme prohibiendo lo extranjero. Cerrarse al mundo como receta de crecimiento. Así podemos ir de industria en industria, pidiendo protección y privilegios, mientras afectamos la libre elección del consumidor y los precios se elevan ante la falta de competencia.

Si entendemos el daño que causa el proteccionismo en los taxis, deberíamos entender el daño que causa en cualquier industria. Mantiene privilegios, aumenta precios ante falta de competencia, elimina incentivos para mejorar el servicio, y lo más importante, va en contra de la libertad del consumidor de elegir el producto o servicio que prefiera. Quien escoge un producto o servicio local que lo haga porque así lo prefiere, no porque una ley lo obliga a hacerlo.

Debemos desterrar el proteccionismo de nuestro ADN si queremos salir adelante. Dejar de llorar porque las empresas gringas o las chinas o las alemanas son muy grandes y poderosas y no podemos competir contra ellas. Si no podemos competir en un sector, dediquémonos a industrias donde sí podamos competir o encontremos ese nicho, ese espacio, donde podemos ser mejores, diferentes, originales.

Dejemos de creer que nuestro sector o nuestra profesión es especial y merece protección. Bienvenidos los incentivos, no la protección. Incentivos que nos motiven a invertir, a crecer, a competir con el mundo. No restricciones y protecciones que obligan a consumir lo local y cerrarnos al mundo.

Ningún sector es especial. Ningún sector merece protección del Estado que limite la libertad del consumidor. Ni por asuntos de “identidad y cultura nacional”, ni por “asuntos estratégicos”, ni nada. El sector que puede competir saldrá fortalecido ante esa competencia internacional. Lo demás es queja tercermundista.



lunes, diciembre 03, 2018

Diezmados


Parece que para la vicepresidenta María Alejandra Vicuña nada tiene de malo que su exasesor le depositara en su cuenta bancaria personal el diezmo que le exigían para mantener su trabajo.

Es que esa plata no era para ella, era para su organización política, Alianza Bolivariana Alfarista (ABA). Y como esa organización no tiene RUC ni cuenta bancaria, o sea ni existe, a ella le tocaba hacer el sacrificio de prestar su cuenta personal para recaudar ahí las cuotas obligatorias de sus empleados bolivarianos.

Para ella, como para Correa y todos los de su especie, nada tenía de malo exigir a los empleados públicos que aportaran al partido político parte de su sueldo, pagado con nuestros impuestos. Eso pasa cuando se borra la línea entre Gobierno, Estado y partido como ocurrió durante la década diezmada. Para ellos, las tres cosas son lo mismo. Los recursos del Estado son del Gobierno y son del partido. Un empleado público no es un funcionario estatal. Es un empleado de su partido político al que le deben lealtad, obediencia y, por supuesto, su diezmo obligatorio.

Si ese diezmo para engordar las cuentas del partido político en el poder ya es un acto descarado y vergonzoso, ni hablar del diezmo para engordar las cuentas personales de una autoridad pública.

Esa práctica de asambleístas de redondearse un mejor sueldo pidiendo una tajada del ingreso de sus asesores es hace años un secreto a voces. Tal vez se justificarán diciendo que no les alcanza el sueldo que ganan por levantar la mano. Sentirán que, si otros compañeros de gobierno atracan al Estado por millones, ellos merecen al menos su pequeña tajada. Que necesitan ganar más y sus empleados y asesores deben apoyar.

Por eso la acusación contra la vicepresidenta en realidad no me sorprendió mucho. Ni sorprende tampoco que no tenga la decencia de renunciar a su cargo, como lo haría en cualquier sociedad civilizada un funcionario público frente a tal escándalo.

La buena noticia es que las cosas han cambiado en algo. Si estuviéramos en la década correísta, el presidente hubiera negado de inmediato todas las acusaciones contra su vicepresidente, hubiera acusado a la prensa corrupta de persecución y le hubiera clavado un juicio y una multa al periodista y al medio que se atrevieron a publicar la noticia. Y la Secom hubiera metido hasta en la sopa una cadena nacional demostrando la inocencia del acusado y los intereses macabros de los acusadores.

Ahora, con Lenín Moreno existe, al menos en apariencia, mayor institucionalidad e independencia de poderes. Después de las denuncias contra Vicuña, el presidente indicó que las instancias competentes determinarán si existen o no responsabilidades.

Pero no podemos olvidar que fue Lenín quien propuso a Vicuña para la vicepresidencia. Desperdició la gran oportunidad de reemplazar a Glas con un candidato serio, decente, preparado, respetado por todos. Optó por la solución política fácil.

Nunca es tarde para corregir errores. Si las cosas siguen su curso, Lenín tendrá, seguramente, otra oportunidad de escoger un buen compañero de fórmula. Y si de verdad hay institucionalidad e independencia de poderes, los corruptos del diezmo deberán enfrentar la justicia, no solo abandonar sus cargos.