lunes, junio 17, 2019

Lecciones de Pamela


El cuaderno de Pamela y el caso Arroz Verde confirman lo que ya sabíamos: la pandilla correísta utilizó fondos públicos y favores a empresas para financiar su partido, su gasto electoral y quién sabe cuántos gustos personales más. El Estado al servicio del correísmo y los integrantes de su banda.

No solo utilizaron los medios de comunicación públicos para favorecer a sus candidatos con coberturas interminables y ataques sistemáticos a la oposición. Fueron mucho más lejos. Ahora sabemos que también utilizaron descaradamente plata de instituciones públicas, nuestra plata, para financiar sus campañas.

Cada mañana que Correa despierta y toma libremente un café en Bélgica es un día más de injusticia. Correa debe enfrentar la justicia al igual que todos los funcionarios de su gobierno que abusaron de la ley, que despilfarraron impúdicamente el dinero de todos, que usaron para beneficio personal y de su partido recursos públicos.

Pero más allá de la evidente corrupción correísta (y hay que ver en qué medida se extiende al gobierno actual), este escándalo ha puesto también en evidencia una realidad que las autoridades, y el Consejo Nacional Electoral en particular, prefieren ignorar. Nuestro sistema electoral vive bajo un engaño al imponer un límite de gasto electoral imposible de cumplir. En lugar de arreglar el sistema, mantienen esa farsa de que se puede realizar una campaña electoral únicamente con las franjas publicitarias asignadas y dentro de los límites de gastos impuestos por el CNE.

No podemos seguir fingiendo que los candidatos a alcaldes, prefectos, asambleístas, presidentes o cualquier dignidad pueden promocionarse, comunicar sus propuestas y recorrer el país exclusivamente con los fondos asignados por el CNE para espacios publicitarios, o que pueden cumplir el limitadísimo tope de gastos impuestos por la ley.

En las últimas elecciones, por ejemplo, el límite máximo de gasto electoral para prefecto del Guayas era poco más de 400.000 dólares, de Pichincha, algo más de 300.000. Algo similar para alcaldes de Guayaquil y Quito. ¿Alguien se cree el cuento de que una campaña puede ajustarse a un presupuesto así?

El CNE sabe que los candidatos gastan mucho más dinero que el límite permitido. ¿Por qué no revisar y cambiar el sistema a uno donde partidos y candidatos puedan libremente recibir y registrar donaciones del público y empresas como ocurre en otros lados? Para transparentar los aportes a futuros candidatos, lo primero es sincerar el sistema. Al fin y al cabo, la primera prueba de la viabilidad de una candidatura es su capacidad para levantar fondos.

El cuaderno de Pamela prueba los niveles de corrupción que alcanzó el correísmo al poner fondos públicos al servicio directo de su partido. Y nos recuerda la absurda ley electoral que exige límites de gasto imposibles de cumplir.

La buena noticia es que ni las oraciones que aparecen en las páginas del cuaderno de Pamela servirán para librar a los culpables de tanta corrupción y atraco. Algunos de ellos ya ocupan su merecido lugar en la cárcel. Otros, tarde o temprano caerán.

Que este nuevo escándalo de corrupción sirva para llevar a la justicia a quienes abusaron de nuestro dinero. Y para que el CNE abra los ojos y cambie un sistema electoral caduco.


lunes, junio 03, 2019

Cambiar y avanzar


El Gobierno lo ha reconocido: tenemos que hacer algo para facilitar la generación de nuevos empleos. Lenín Moreno ha hablado directamente de la necesidad de que sea más fácil contratar y despedir a un trabajador. Estamos en un momento único, ideal, para lograr ese cambio urgente, postergado y tan necesario en materia laboral.

El desempleo y subempleo siguen subiendo en el país. Seis de cada diez ecuatorianos no tienen un trabajo formal. Solo 3 millones de personas tienen un trabajo con todas las de ley. Somos uno de los países donde es más difícil contratar en el mundo. Somos también uno de los menos competitivos del mundo, por culpa en buena medida de la rigidez de nuestro mercado laboral.

Parecería que entre todos los sectores hay, finalmente, un acuerdo sobre la necesidad de generar cambios en lo laboral para impulsar nuevos empleos. O casi todos. A pesar del momento crítico que vivimos, siguen sonando con fuerza voces sindicalistas que se oponen a cualquier cambio que suene a mayor flexibilidad laboral.

Los sindicalistas dicen hablar por los trabajadores, por esos 3 millones de personas que hoy tienen un trabajo formal, que reciben cada mes un sueldo, cada diciembre su décimo tercero, que están afiliados a la seguridad social. Pero ¿hablan ellos por los 5 millones de desempleados o subempleados que quieren un trabajo formal y no lo consiguen?

La prioridad no es defender las condiciones laborales de los empleados formales actuales. La prioridad es ayudar a que los desempleados y subempleados consigan trabajo. Si mañana las voces sindicalistas y sus amenazas de huelgas intimidan a los asambleístas y no se dan las reformas laborales, que tengan claro que los principales perjudicados serán esos millones de personas que no tienen trabajo. Las empresas, sobre todo las grandes, encontrarán la manera de salir adelante con reforma o sin reforma. Los desempleados y subempleados no. Seguirán tocando puertas que no se abren y difícilmente se abrirán sin un cambio.

Ciertos sindicalistas dicen desconfiar del sector empresarial por abusos cometidos en el pasado. Pero esos abusos son los que hoy se dan en el sector informal que sigue creciendo ante lo costoso de volverse formal. Una reforma que haga más fácil y barato contratar y volverse formal será la mejor manera de garantizar los derechos de nuevos trabajadores.

El Gobierno ha tomado la decisión correcta de enfrentar el desempleo y la rigidez laboral. Está en manos de la Asamblea hacerlo de frente y de manera integral, no a medias para contentar la supuesta estabilidad de una minoría que hoy tiene trabajo. La Asamblea no solo debe aprobar las pocas reformas que ahora se discuten, sino ir más allá. Dar los pasos hacia una reforma integral, una flexibilización laboral con todas sus letras. Y no quedarse en lo laboral. Para impulsar de verdad la generación de empleo, hay que avanzar hacia reformas en otras áreas como impuestos, aranceles y trámites.

Que los asambleístas y el Gobierno no se dejen intimidar por gritos sindicalistas ni cuentos de derechos adquiridos. Su enfoque debe estar en la dignidad, la esperanza, la sonrisa agradecida de cada nueva persona que consigue un trabajo. Por ellos hay que cambiar y avanzar.