Diezmados

Parece que para la vicepresidenta María Alejandra Vicuña nada tiene de malo que su exasesor le depositara en su cuenta bancaria personal el diezmo que le exigían para mantener su trabajo.

Es que esa plata no era para ella, era para su organización política, Alianza Bolivariana Alfarista (ABA). Y como esa organización no tiene RUC ni cuenta bancaria, o sea ni existe, a ella le tocaba hacer el sacrificio de prestar su cuenta personal para recaudar ahí las cuotas obligatorias de sus empleados bolivarianos.

Para ella, como para Correa y todos los de su especie, nada tenía de malo exigir a los empleados públicos que aportaran al partido político parte de su sueldo, pagado con nuestros impuestos. Eso pasa cuando se borra la línea entre Gobierno, Estado y partido como ocurrió durante la década diezmada. Para ellos, las tres cosas son lo mismo. Los recursos del Estado son del Gobierno y son del partido. Un empleado público no es un funcionario estatal. Es un empleado de su partido político al que le deben lealtad, obediencia y, por supuesto, su diezmo obligatorio.

Si ese diezmo para engordar las cuentas del partido político en el poder ya es un acto descarado y vergonzoso, ni hablar del diezmo para engordar las cuentas personales de una autoridad pública.

Esa práctica de asambleístas de redondearse un mejor sueldo pidiendo una tajada del ingreso de sus asesores es hace años un secreto a voces. Tal vez se justificarán diciendo que no les alcanza el sueldo que ganan por levantar la mano. Sentirán que, si otros compañeros de gobierno atracan al Estado por millones, ellos merecen al menos su pequeña tajada. Que necesitan ganar más y sus empleados y asesores deben apoyar.

Por eso la acusación contra la vicepresidenta en realidad no me sorprendió mucho. Ni sorprende tampoco que no tenga la decencia de renunciar a su cargo, como lo haría en cualquier sociedad civilizada un funcionario público frente a tal escándalo.

La buena noticia es que las cosas han cambiado en algo. Si estuviéramos en la década correísta, el presidente hubiera negado de inmediato todas las acusaciones contra su vicepresidente, hubiera acusado a la prensa corrupta de persecución y le hubiera clavado un juicio y una multa al periodista y al medio que se atrevieron a publicar la noticia. Y la Secom hubiera metido hasta en la sopa una cadena nacional demostrando la inocencia del acusado y los intereses macabros de los acusadores.

Ahora, con Lenín Moreno existe, al menos en apariencia, mayor institucionalidad e independencia de poderes. Después de las denuncias contra Vicuña, el presidente indicó que las instancias competentes determinarán si existen o no responsabilidades.

Pero no podemos olvidar que fue Lenín quien propuso a Vicuña para la vicepresidencia. Desperdició la gran oportunidad de reemplazar a Glas con un candidato serio, decente, preparado, respetado por todos. Optó por la solución política fácil.

Nunca es tarde para corregir errores. Si las cosas siguen su curso, Lenín tendrá, seguramente, otra oportunidad de escoger un buen compañero de fórmula. Y si de verdad hay institucionalidad e independencia de poderes, los corruptos del diezmo deberán enfrentar la justicia, no solo abandonar sus cargos.