lunes, junio 17, 2019

Lecciones de Pamela


El cuaderno de Pamela y el caso Arroz Verde confirman lo que ya sabíamos: la pandilla correísta utilizó fondos públicos y favores a empresas para financiar su partido, su gasto electoral y quién sabe cuántos gustos personales más. El Estado al servicio del correísmo y los integrantes de su banda.

No solo utilizaron los medios de comunicación públicos para favorecer a sus candidatos con coberturas interminables y ataques sistemáticos a la oposición. Fueron mucho más lejos. Ahora sabemos que también utilizaron descaradamente plata de instituciones públicas, nuestra plata, para financiar sus campañas.

Cada mañana que Correa despierta y toma libremente un café en Bélgica es un día más de injusticia. Correa debe enfrentar la justicia al igual que todos los funcionarios de su gobierno que abusaron de la ley, que despilfarraron impúdicamente el dinero de todos, que usaron para beneficio personal y de su partido recursos públicos.

Pero más allá de la evidente corrupción correísta (y hay que ver en qué medida se extiende al gobierno actual), este escándalo ha puesto también en evidencia una realidad que las autoridades, y el Consejo Nacional Electoral en particular, prefieren ignorar. Nuestro sistema electoral vive bajo un engaño al imponer un límite de gasto electoral imposible de cumplir. En lugar de arreglar el sistema, mantienen esa farsa de que se puede realizar una campaña electoral únicamente con las franjas publicitarias asignadas y dentro de los límites de gastos impuestos por el CNE.

No podemos seguir fingiendo que los candidatos a alcaldes, prefectos, asambleístas, presidentes o cualquier dignidad pueden promocionarse, comunicar sus propuestas y recorrer el país exclusivamente con los fondos asignados por el CNE para espacios publicitarios, o que pueden cumplir el limitadísimo tope de gastos impuestos por la ley.

En las últimas elecciones, por ejemplo, el límite máximo de gasto electoral para prefecto del Guayas era poco más de 400.000 dólares, de Pichincha, algo más de 300.000. Algo similar para alcaldes de Guayaquil y Quito. ¿Alguien se cree el cuento de que una campaña puede ajustarse a un presupuesto así?

El CNE sabe que los candidatos gastan mucho más dinero que el límite permitido. ¿Por qué no revisar y cambiar el sistema a uno donde partidos y candidatos puedan libremente recibir y registrar donaciones del público y empresas como ocurre en otros lados? Para transparentar los aportes a futuros candidatos, lo primero es sincerar el sistema. Al fin y al cabo, la primera prueba de la viabilidad de una candidatura es su capacidad para levantar fondos.

El cuaderno de Pamela prueba los niveles de corrupción que alcanzó el correísmo al poner fondos públicos al servicio directo de su partido. Y nos recuerda la absurda ley electoral que exige límites de gasto imposibles de cumplir.

La buena noticia es que ni las oraciones que aparecen en las páginas del cuaderno de Pamela servirán para librar a los culpables de tanta corrupción y atraco. Algunos de ellos ya ocupan su merecido lugar en la cárcel. Otros, tarde o temprano caerán.

Que este nuevo escándalo de corrupción sirva para llevar a la justicia a quienes abusaron de nuestro dinero. Y para que el CNE abra los ojos y cambie un sistema electoral caduco.


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